El 29 de enero de 2025, la oficina de derechos de autor de Estados Unidos publicó la segunda parte de un informe sobre IA y derecho de autor, respondiendo a una pregunta que ya no era teórica para ninguna empresa que publica texto todos los días: ¿puede protegerse un contenido generado por IA como propiedad de quien lo publicó? La respuesta, en palabras de la propia titular de la oficina, Shira Perlmutter: la protección existe "donde esa creatividad se expresa mediante el uso de sistemas de IA" — es decir, cuando una persona decidió lo suficiente del contenido. Escribir solo un comando no alcanza.
En mayo de 2025, la misma oficina divulgó la tercera parte del informe, dedicada al uso de obras protegidas para entrenar sistemas de IA — la otra cara de la misma moneda, y el asunto de las demandas que hoy enfrentan a grandes medios con empresas de IA. Para una empresa común, ambas partes confluyen en una pregunta práctica: ¿qué puede probar sobre el texto que publica?
Y la respuesta suele ser: menos de lo que cree. Un documento generado por IA y publicado sin registro de quién lo revisó, qué cambió y quién lo aprobó no sostiene ni la protección del contenido ni la defensa cuando alguien cuestiona su origen.
Lo que decidió exactamente la oficina de derechos de autor
El informe de enero de 2025 no creó ley nueva: concluyó que las reglas de derecho de autor ya existentes cubrían el problema, sin necesidad de cambio legislativo. El punto central: la protección de derecho de autor sigue exigiendo autoría humana. Un comando de texto por sí solo, por elaborado que sea, no cuenta como contribución creativa suficiente para generar derechos sobre el resultado.
Pero el informe también deja una puerta abierta, y esa puerta es lo que le importa a cualquier empresa: cuando una persona participa de forma sustancial en la creación —selecciona, edita, reorganiza, combina el resultado de la IA con material propio, decide qué queda y qué se descarta— la parte que refleja esa decisión humana sí puede protegerse. La línea no es "participó la IA, se perdió la protección". La línea es "cuánto de la decisión creativa fue de una persona, y se puede probar después".
Esa segunda pregunta es exactamente donde la mayoría de las empresas no tiene una respuesta lista. Un documento generado por IA y publicado sin ningún registro de quién lo revisó, qué cambió y quién lo aprobó no tiene cómo probar autoría humana suficiente — ni para efectos de protección, ni como defensa cuando algo sale mal.
Cómo se prueba que una persona decidió
En la práctica, la norma se volvió una cuestión de prueba. No basta con afirmar que hubo revisión humana: hay que poder mostrar, meses después, quién tomó el borrador, qué cambió, con qué criterio y quién liberó la versión final.
La mayoría de las empresas trata esto como asunto de sentido común. Alguien genera un borrador, alguien lo lee, alguien lo publica — todo por mensajería, sin rastro. Cuando un cliente, un competidor o un auditor pregunta de dónde salió ese texto, la empresa depende de la memoria de quien estaba ahí.
El contraste con el resto de la operación es evidente. Ninguna empresa aprueba un pago sin dos firmas y un registro, pero publica en su propio sitio, con su marca, un texto cuyo origen nadie puede reconstruir. La diferencia es que el pago equivocado aparece en el extracto al día siguiente, y el texto sin dueño solo aparece cuando se vuelve un problema.
Lo que tiene que existir en la práctica
Entre la protección que abre el informe de derecho de autor y la responsabilidad que confirma el caso canadiense, lo que protege a la empresa en los dos sentidos es lo mismo: poder mostrar, después del hecho, quién decidió qué.
Revisión y aprobación en dos etapas para documentos críticos, con quien escribe separado de quien aprueba. Política interna, contratos, comunicados al mercado — cualquier texto que se convierte en posición oficial de la empresa se beneficia de una etapa humana registrada antes de circular.
Conocimiento de la empresa con fuentes, para que un texto generado a partir de material interno cite de dónde viene — lo que ayuda tanto a investigar un error como a demostrar después cuál fue la contribución humana en la curaduría de ese material.
Trazabilidad de auditoría de cada etapa: quién generó el borrador, quién lo editó, quién lo aprobó y cuándo. Ese registro —no una alegación hecha después de que aparece el problema— es lo que sostiene tanto una defensa legal como un reclamo de protección sobre el contenido final.
Acceso según el rol de cada persona en la producción de contenido, para que quede claro quién estaba autorizado a aprobar qué, y no solo quién técnicamente hizo clic en "publicar".
Así fue diseñada Skyller: aprobación en dos etapas para contenido crítico, con quien escribe separado de quien aprueba, y trazabilidad de auditoría de cada etapa desde la generación hasta la publicación.
Por qué esto importa más allá del riesgo legal
La demanda que el New York Times mantiene contra OpenAI y Microsoft desde diciembre de 2023 —hoy en fase de recolección de pruebas, sin fecha de juicio fijada— muestra el otro lado de la misma moneda. El diario alega que sus propios reportajes se usaron sin autorización para entrenar sistemas de IA que luego reproducen parte de ese contenido. En marzo de 2025, el juez a cargo rechazó la mayoría de los pedidos de desestimación de OpenAI, permitiendo que avanzaran los reclamos centrales de infracción de derecho de autor.
El trasfondo común a los tres casos —el informe estadounidense, el tribunal canadiense, la demanda del diario— es que ya nadie trata "lo generó la IA" como una respuesta que cierra la pregunta. La pregunta correcta, en los tres casos, siempre es sobre la procedencia: de dónde vino el contenido, quién decidió usarlo de esa forma, y si existe un registro de eso. Las empresas que ya tienen ese registro como rutina —no como una reconstrucción apresurada después de un problema— llegan a cualquiera de estas conversaciones en una posición mucho más cómoda.
Esto vale tanto para quien produce contenido con apoyo de IA como para quien eventualmente necesita probar que un documento interno es original y está protegido. Sin un historial de quién editó qué, una empresa no tiene cómo demostrar, ante un cliente, un competidor o un tribunal, que ese documento lleva suficiente decisión humana para tratarse como propiedad suya — el mismo estándar que la propia oficina de derechos de autor describió en enero de 2025.
Una guía para revisar antes del próximo texto oficial
Antes de publicar el próximo documento, comunicado o respuesta automática generada con apoyo de IA, vale la pena revisar estos puntos con el área legal y de comunicación:
- ¿Existe una etapa de revisión humana registrada antes de que cualquier texto se convierta en posición oficial de la empresa? Sin ese registro, no hay cómo probar después quién decidió qué.
- ¿Quién está autorizado a aprobar un documento crítico, y esa persona es distinta de quien lo redactó? Juntar ambas funciones en la misma persona elimina la segunda capa de control.
- Si un cliente resulta perjudicado por una respuesta incorrecta de un asistente de IA, ¿puede la empresa reconstruir en minutos qué se dijo y por qué? El caso canadiense muestra que "se equivocó la IA" no exime a nadie.
- ¿El material usado para entrenar u orientar un asistente de IA interno tiene procedencia conocida y documentada? Sin eso, la empresa no sabe si está expuesta al mismo tipo de disputa que hoy involucra a grandes medios de prensa.
